agosto 26, 2016

Reconocen trayectorias de feministas mexicanas


Foto: Emma Blancas/MujeresNet

El proyecto contiene las biografías de 18 de mujeres que han dedicado su vida a trabajar por los derechos de niñas y mujeres.

Ciudad de México /MujeresNet.- Mujeres de diferentes disciplinas como la sociología, derecho, psicología y comunicación, y que en la actualidad ocupan puestos de decisión en instituciones u organismos, encontraron un lugar en común: el activismo por los derechos de las niñas y mujeres de México. Sus biografías fueron plasmadas en el proyecto "Vidas feministas. Porque fueron, somos porque somos, serán", presentado el 12 de agosto de 2016 en el Museo Memoria y Tolerancia.

Este proyecto, coordinado por la política y activista Martha Lucía (Malu) Mícher Camarena, busca reconocer las historias de poco más de 18 de mujeres que han dedicado su vida a trabajar por los derechos de niñas y mujeres.

A través de entrevistas, se conocen las biografías de las antropólogas Marta Lamas y Marcela Lagarde, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Inchaustegui; Rosario Robles, Patricia Mercado, Regina Tamés, María Elena Chapa y Amalia García, entre otras.

Es importante difundir las historias de las mujeres que trabajan en sororidad para las mujeres y niñas. Es necesario que la sociedad sea feminista si quiere avanzar, reconoció Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y añadió que estas biografías ejemplifican que el feminismo es una "filosofía de vida".

Por su parte, la coordinadora del proyecto, Malú Mícher Camarena, declaró que este trabajo tiene como finalidad reconocer las contribuciones que mujeres desde diferentes espacios han dado al país, en particular, los derechos de las niñas y mujeres.

Aprovechó la ocasión para hacer una llamado a las nuevas generaciones no sólo de mujeres, sino también de hombres, para que tomen la "estafeta" y continúen por el camino de la igualdad.

Algunas de las entrevistadas hicieron un llamado a continuar trabajando en favor de una sociedad más justa, como la economista María de los Ángeles Moreno Uriegas, quien llamó a todas las personas a contribuir para que la utopía que es el feminismo sea una realidad. "Con la diversidad que caracteriza a cada una, seguimos con este ánimo de que se respeten a todas y todos".

La psicóloga y consultora en género Gabriela Delgado Ballesteros, dijo que las mayoría de las mujeres incluidas en "Vidas feministas" la convirtieron en feminista. Regina Tamés, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), coincidió con ella y afirmó que la decisión de ser feminista fue la mejor que ha tomado. También la maestra en derecho Patricia Olamendi Torres declaró que "ser feminista me ha permitido ser la mujer que siempre he querido ser". Finalmente, la abogada Karla Micheer Salas sentenció: "El feminismo es un acto de resistencia. ¡Viva el feminismo!"

María Consuelo Mejía Piñeros, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, reconoció que se ha avanzado en los derechos de las mujeres, sin embargo, al ver las cifras de feminicidios, "te das cuenta de que no hemos empezado".

Amalia Hernández y Rosario Robles aprovecharon para declararse contra la violencia que se ejerce hacia la exmandataria brasileña Dilma Rousseff y aseguraron que es un ejemplo de la violencia política que las mujeres viven todos los días.

Finalmente, Alma Laura Hernández Arévalo, de la agencia Radical Libre, aseguró que este proyecto "tocará el corazón de muchas mujeres" e invitó a visitar y compartir la página web de estas 18 biografías de mujeres mexicanas: www.vidasfeministas.com

Fuente: http://www.mujeresnet.info/

Los derechos de las mujeres se juegan en el transporte público



Guatemala, donde se cometen la mayor cantidad de femicidios de América Central, inauguró en 2011 un servicio de buses exclusivos de mujeres para evitar el acoso sexual. Danilo Valladares /IPS

El acoso que sufren las mujeres en el transporte público está tan generalizado en todo el mundo, que lo más común es que se callen y no denuncien el acoso verbal, sexual y físico que sufren en ese espacio.

Hay estudios que estiman que alrededor de 1,5 millones de las niñas que en 2030 serían susceptibles de sufrir algún tipo de violencia y acoso por su condición de género en el transporte público, residirán en las ciudades.

Si en tanto que comunidad internacional de mujeres, hacemos la vista gorda a las miradas que chorrean saliva y al contacto denigrante de los hombres, ¿no estaremos avivando un “mercado de carne” y sucumbiendo a la objetivación sexual de las mujeres a escala global?
En Bogotá, la ciudad colombiana considerada como la que tiene el transporte público más peligroso del mundo para la población femenina, seis de cada 10 mujeres denunciaron haber sido víctimas de acoso físico mientras viajan.

¿Acaso la renuencia de las mujeres a reconocer el temor generalizado que les provocan bien adentro no le da a los hombres que chistan un poder imbatible?

Al desestimar el acoso, ¿las mujeres no estarán fortaleciendo la cadena represiva del patriarcado al no cuestionar ni reprender ese comportamiento?

Una buena oportunidad para hacer frente al acoso sexual y a la amenaza que soportan las mujeres en el transporte público y luchar por su derecho básico a la libertad de movimiento en su propio entorno es la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III).

En especial porque en el encuentro, organizado por ONU Hábitat y que tendrá lugar en Quito del 17 al 20 de octubre, se discutirá una Nueva Agenda Urbana mundial.

Muchas personas podrán considerar que chistar o que un “pequeño manoseo” son inofensivos, pero el retroceso que implica que los hombres supongan una amenaza para ellas en el transporte público es vital.

La gente no se pone a considerar que un comentario amenazante ni que una mirada lujuriosa puede representar un obstáculo para la libertad y el desarrollo educativo y social de las mujeres.

Según los últimos debates dirigidos por el espacio digital de debates Wikigender, las cuestiones relacionadas con la accesibilidad y la seguridad pueden disuadir a las mujeres de usar espacios públicos, de continuar su educación, de aprovechar oportunidades económicas y de recibir atención médica.

Si la Nueva Agenda Urbana que saldrá de Hábitat III se concentra en cómo hacer para que el transporte público contemple a las mujeres, se estará más cerca no solo de lograr el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que promueve la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

También ayudará a cumplir con el 11 ODS, que se propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

La necesidad de erradicar los sistemas de transporte que son omisos frente a las cuestiones de género es especialmente importante en la coyuntura actual y por primera vez en la historia, pues hay más personas viviendo en las ciudades que en las áreas rurales.

No hay mejor momento para implementar iniciativas inclusivas de género en el transporte que el actual. En los países en desarrollo, cinco millones de personas comienzan a vivir en las ciudades cada mes.

Un informe de la organización humanitaria a favor de la infancia y la adolescencia Plan International indica que el miedo a la violencia que sienten las adolescentes prevalece particularmente en ciudades de países en desarrollo como Kampala, Nueva Delhi y Lima, donde se realizó la investigación.

Las conclusiones hablan a gritos del terror y de la incomodidad que genera un sistema de transporte que no contempla las cuestiones de género en perjuicio de niñas de apenas 12 años.

En Nueva Delhi, solo 3,3 por ciento de las consultadas dijeron sentirse seguras en un medio de transporte público. En tanto, en Lima, solo 2,2 por ciento dijeron sentirse seguras cuando caminaban en espacios públicos. Mientras que en Kampala, más de 80 por ciento de las jóvenes mujeres entrevistadas dijeron no sentirse seguras en la transición urbana, en general.

El estudio se realizó en distintas partes del mundo, sin embargo, el silencio fue el común denominador en todas partes.

La duda de las mujeres a la hora de denunciar situaciones difíciles permite que se mantenga el círculo vicioso de victimización, acoso y amenaza en el transporte público.

Las entrevistadas subrayaron el hecho de que sus opiniones no fueron consideradas a la hora de realizar la planificación urbana y compartieron un sentimiento generalizado de exclusión en lo que respecta a la toma de decisiones clave en sus respectivas ciudades.

Y lo que es irónico, muchas jóvenes restaron importancia o excusaron las acciones de los acosadores y agresores.

Durante las entrevistas para el informe de Plan International, palabras como “agresión” y “acoso” fueron reemplazadas por “tonteo inocente” en Nueva Delhi y por “contacto inapropiado” en El Cairo.

Eso revela que la renuencia de las mujeres que sufren acoso y violencia a condenar a los agresores deriva de un sentimiento intrínseco de la vergüenza que les ha sido inculcada.

Y en lo que puede considerarse como un proceso de revictimización, el profundo temor social de ser responsable del acoso, la consiguiente consecuencia de ser objeto de burla, de ridículo y hasta de sufrir castigos, funciona como eje del silencio que rodea al acoso contra las mujeres en el transporte público.

A la larga, la recurrente negación del derecho fundamental que tienen las mujeres a desplazarse en las ciudades no genera nada menos que indignación.

La incomodidad y la inseguridad femenina ya no pueden considerarse una “norma social” o una consecuencia asociada o vinculada al hecho de ser mujer.

La apatía de los testigos del acoso es consecuencia de un miedo subyacente a intervenir de alguna forma en la situación.

Si nadie elige condenar la agresión, seguirán existiendo los obstáculos a la libre circulación de las mujeres.

Es fundamental comprender que este asunto no es menor ni específico de las mujeres, sino que es una epidemia mundial avivada por un sentimiento de machismo adquirido.

De hecho, una investigación realizada por Hollaback!, un movimiento internacional contra el acoso callejero, y la estadounidense Universidad Cornell, en base a 16.000 entrevistas en 22 países, concluyó que entre 80 y 90 por ciento de las mujeres sufren acoso en espacio públicos.

La evidencia revela la impactante dimensión del acoso público al punto que 66 por ciento de mujeres alemanas consultadas dijeron que las habían manoseado o toqueteado en público y que 47 por ciento de las indias fueron testigos de distintos tipos de exposición masculina en espacios públicos.

En Nueva York, se estima que no se denuncian 96 por ciento de los casos de acoso sexual ni 86 por ciento de las agresiones sexuales que ocurren en los trenes metropolitanos subterráneos.

En Bogotá, la ciudad colombiana considerada como la que tiene el transporte público más peligroso del mundo para la población femenina, seis de cada 10 mujeres denunciaron haber sido víctimas de acoso físico mientras viajan.

Esos datos revelan que el continuo acoso de los hombres es una amenaza generalizada y perjudicial para el futuro de la igualdad de género

Por eso es fundamental que la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III implemente iniciativas con un fuerte énfasis en lograr que la movilidad de las mujeres y las niñas sea segura en los entornos urbanos.

Al garantizar un transporte seguro y la protección de las mujeres, crear una red de apoyo y reconocer el significado fundamental de la voz femenina en los procesos de decisión en los ámbitos urbanos, estará allanado el camino para que se desplacen libremente en las ciudades.

De esa forma, la próxima mujer o niña que se sienta amenazada por una mirada denigrante o por un comentario humillante no temerá a las consecuencias de los reproches, y en cambio denunciará al acosador y ayudará a poner fin a la inseguridad y a la victimización en el transporte público.

Traducido por Verónica Firme
Fuente: IPS

agosto 25, 2016

Usos y abusos que roban la niñez


*Matrimonio infantil una ganancia financiera

En el trayecto de San Cristóbal de las Casas al municipio indígena tsotsil de San Andrés Larrainzar, en la zona de Los Altos de Chiapas, el padre Joel Padrón, narra una serie de anécdotas sobre matrimonios infantiles y matrimonios arreglados, los cuales asegura “van disminuyendo notablemente”.

“En algunas comunidades es tradición el contrato matrimonial hecho por los papás y frecuentemente es a iniciativa del papá del joven, con el fin de fortalecer los lazos entre las familias y la unidad comunitaria”.

El sacerdote se dirige a una comunidad indígena a media hora de distancia de San Andrés Larrainzar, va a oficiar un servicio religioso; este es el segundo viaje que lleva a cabo en ese sábado lluvioso, su contacto frecuente desde hace casi 50 años con los pueblos indios de Los Altos de Chiapas, le hace un gran conocedor de los usos y costumbres de la región. 

En su narración explica que en los matrimonios arreglados en las zonas indígenas, rara vez la opinión de las niñas es tomada en cuenta y por lo general son los padres quienes hacen los acuerdos. Si acaso se le llega a preguntar a la muchacha, ella por lo general acepta “por compromiso familiar o por su cultura, pues no tiene opción para decir que no”.

Alguna vez le llegaron a contar, pero dice que no le consta, que a veces el papá del niño o de la niña propone que éstos vivan juntos desde pequeños “para que se vayan entendiendo mientras crecen y después se formalice el matrimonio”.

“Ahora, afortunadamente eso es cada vez menos, ya hay mucha comunicación entre los jóvenes, salen de su comunidad, salen de su medio”.

Cuenta el sacerdote que en muchos casos, las jovencitas llegan a tener problemas psicológicos, “se trastornan, se desequilibran, tienen, como dicen en las comunidades indígenas, “mal espíritu”, “como si el demonio llegara a poseer a estas jovencitas”, pero ese trastorno es resultado del choque cultural ocasionado cuando ellas son sacadas de su entorno familiar y pasan al control de los suegros.

“Cuando me mandan a llamar para que les haga oración porque tienen ‘mal espíritu’, yo les digo -comenta el sacerdote-, permítanle que vaya a su casa a pasar el fin de semana, o que la lleve el esposo y déjenla unos dos o tres días y eso resuelve el problema”.

María Teresa Olvera Caballero, del Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas, una organización que trabaja principalmente en la región indígena de los Altos de Chiapas, asegura que desde la costumbre, tener hijas y criarlas “ha sido considerado como una inversión a largo plazo, en la medida que recibirán dinero, trabajo o regalos cuando sean pedidas en matrimonio”.

Olvera Caballero expuso el caso en Nueva York, en marzo pasado en el marco del evento paralelo en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 60) de Oxfam y del proyecto de Debida Diligencia.

“El matrimonio prematuro es una ganancia financiera para las familias de esta región, marcada por la marginación extrema. 

“Hace décadas -y aún ahora-, algunas jóvenes eran dadas en matrimonio muy pequeñas y el novio iba a trabajar de manera gratuita como parte de la concertación matrimonial durante uno o dos años con la familia de la esposa. En los últimos años esto ha cambiado y esa inversión se paga actualmente con dinero en efectivo”, aseguró.

Enamoradas

Como es costumbre en los lugares calurosos del estado de Chiapas, en la colonia San Antonio, municipio de Chiapa de Corzo, la familia de Ana Yerli Marroquín González se sienta afuera de la casa para disfrutar el fresco de la noche.

Ana Yerli, quien tiene 16 años, está sentada en una mecedora y vestida con bermudas y camiseta holgada, no oculta sus siete meses de embarazo. Parado junto a ella está su primer hijo, Héctor Yahir.

Cuenta Ana Yerli que durante su primer embarazo se vio muy grave, pues se le subieron las plaquetas, ella dice que no se preocupó porque no sabía lo que eso significaba, pero aun así, con este segundo bebe en camino, ha tenido más cuidados.

A sus 37 años, Gabriela, la madre de Ana, ya es abuela. Ella también se casó joven, a los 18.

“Nosotros como padres -explica Gabriela-, lo que queríamos era lo mejor para nuestras dos hijas, pero la juventud hoy en día está muy desatada y muy pequeñas agarran obligaciones”.

Ana Yerli conoció a su esposo, Israel Molina cuando él tenía 21 y ella apenas cursaba la primaria. Israel cree que las reformas al Código Civil, las cuales prohíben el matrimonio antes de los 18 años, son una buena medida para evitar que los muchachos y las muchachas “agarren compromiso a corta edad” porque luego se arrepienten, pero ni él ni Ana dicen haberse arrepentido.


Los papás de Ana habrían querido para sus hijas una vida mejor que la de ellos “trabajamos muy duro para que no les faltara nada, para que no se quedaran como nosotros, como macetas, en el corredor”.

Hay quienes consideran que el matrimonio prematuro de las jóvenes se debió a que les dieron demasiada libertad, pero Guadalupe asegura que ellos decidieron educarlas así “para que vieran lo que en realidad es la vida”.

Según datos del Registro Civil del estado de Chiapas, en 20 de los 122 municipios de la entidad se concentra la mayor presencia de matrimonios de menores, entre esos municipios se encuentra la capital del estado Tuxtla Gutiérrez y las ciudades más importantes de la entidad, Tapachula, Comitán Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo.


Los datos de esa institución indican que, por cada cien matrimonios en la entidad, 15 corresponden a menores de edad.

María de la Luz y Rosa Margarita son hermanas y también son vecinas. Radican en la colonia San Antonio en el municipio de Chiapa de Corzo. Ambas son menores de edad, María tiene 16 años y Rosa 14.

Ambas se escaparon con sus novios porque “estaban muy enamoradas”, además ya no querían estudiar; María terminó la primaria y Rosa cursó hasta el cuarto grado.


Ellas aseguran que son felices y que siempre quisieron tener una familia. Sus maridos no les pegan, pero de cualquier modo, si algún día ellas tienen hijas, les aconsejarán que no cometan el mismo error, porque la vida en pareja implica muchas responsabilidades.

Las dos viven en la casa de sus suegros, sus maridos trabajan en un rancho, “en la vaquería”, dicen ellas.

La realidad de los matrimonios infantiles en el estado de Chiapas varía de región a región, la situación no es la misma en las zonas urbanas que en las rurales o indígenas. Un común denominador parecen ser las condiciones de pobreza y marginación, la falta de oportunidades, información, educación, opciones de desarrollo.

Hay quienes aseguran que la prohibición del matrimonio infantil no impedirá que los y las niñas, los y las adolescentes opten por la vida en pareja a temprana edad. 

“La prohibición de matrimonios de menores de edad por sí sola no va a resolver el problema, la legislación es tan solo una herramienta para proteger, particularmente a las niñas y a las adolescentes pues al casarse se colocan en una situación de mayor vulnerabilidad”, asegura Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal A.C., organización civil de San Cristóbal de las Casas.

Señala que junto con la legislación, se requiere implementar un sistema integral de protección a la infancia, con la articulación de todas las instituciones y con la participación activa de la sociedad civil.

Porque, asegura, los matrimonios infantiles son una práctica que violenta los derechos de las niñas colocándolas en una situación de desventaja, con factores de discriminación y desigualdad de género, donde niñas y adolescentes no son consideradas en la toma de decisiones, no tienen condiciones para negociar, para proponer, para decidir sobre sus proyectos de vida sino que están supeditadas a las prácticas patriarcales de las comunidades.

Los usos y costumbres vs la ley

En las oficinas centrales en la capital del estado de Chiapas, unos 20 oficiales del Registro Civil de la zona centro acuden a su reunión mensual, en la cual, como es usual, hacen entrega de la información sobre matrimonios, decesos y nacimientos en su municipio.

En esta ocasión, las y los funcionarios han recibido una circular fechada el 3 de mayo de 2016, la cual les instruye a que en lo sucesivo “se abstengan de realizar matrimonios que involucren minoría de edad de uno o ambos contrayentes”.

“No está por demás prevenirles que ni con dispensa de edad podrá celebrarse dicho acto, evitando en todo momento ser omisos de esta recomendación”, indica el documento firmado por la directora, Flor de María Coello Trejo, quien no ha dejado de hacer público su escepticismo sobre las reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles. En dichas reformas, mediante el decreto No. 231 publicado en el Periódico Oficial tomo III de fecha 6 de abril de 2016, en su numeral 145, se establece que solamente las personas mayores de 18 años podrán celebrar el contrato de matrimonio, sin excepciones.

“En Chiapas tenemos muchas zonas de usos y costumbres y hemos tenido muchos problemas, nos han insultado porque dicen que no tenemos que prohibir que se casen”, asegura la funcionaria al ser entrevistada.

Coello Trejo considera que antes de establecer una prohibición, debieron consultar a los funcionarios y funcionarias, a la población, a los distintos actores y actoras sociales, hacer un estudio tanto en zonas rurales como urbanas para poder tener un diagnóstico real de la situación en la entidad.

Al recibir la circular, las y los oficiales del Registro Civil expresan su confusión. No están seguros si podrán llevar a cabo los matrimonios agendados con antelación, tampoco saben si la dispensa de ley otorgada antes de la reforma pierde validez. Pero las indicaciones son muy claras y vuelven a leer el documento que acaban de recibir: “No está por demás prevenirles que ni con dispensa de edad podrá celebrarse dicho acto, evitando en todo momento ser omisos de esta recomendación”.

Yuseth Molina Melchor, oficial de la colonia Galecio Narcía, municipio de Chiapa de Corzo, cuenta que una niña de 13 años y un joven de 26, tenían la boda agendada desde el mes de marzo pero estaban a la espera de la dispensa del juez, “los papás estaban muy enojados porque ya habían preparado todo y no se les autorizó la boda porque la contrayente era menor de edad”.

Hay casos en los que el matrimonio es el recurso para la “reparación del daño”, es decir, cuando las niñas ya están embarazadas lo que los padres quieren es que el muchacho se haga responsable.

La directora del Registro Civil se pregunta quién protege a los recién nacidos, si las reformas al Código Civil tuvieron lugar para velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes; ella considera que aún faltan reformas al Código Penal. 

La oficial del municipio de Jiquipilas, María Ofelia Salazar Ovando, asegura que “hay una desbandada de huidas”, es decir, que las parejas están escapando a vivir juntas, “los estamos haciendo irresponsables”, dice.

El debate gira entonces en torno a la prohibición, Dalila Hipólito Carrillo, oficial del Registro Civil del municipio de Cintalapa, cree que cuando en un país algo se prohíbe es cuando más se hace y considera que la educación, la concientización, la sensibilización a los niños y niñas, a los padres y madres, a los maestros y maestras, a los líderes comunitarios es más importante que restringir los derechos desde una perspectiva jurídica.

Las reformas al Código Civil fueron la respuesta al llamado que hizo el Senado de la República a 25 congresos estatales, entre ellos al de Chiapas, y en palabras del presidente de la mesa directiva del Congreso de esta entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, se trata de una medida “atinada” que protege y promueve los derechos de las niñas, niños y adolescentes. “Lo que se pretende con esta acción es coadyuvar para que las oportunidades de desarrollo de las y los adolescentes no se vean truncadas como consecuencia de un matrimonio temprano”.


Por Elva Narcía Cancino, corresponsal
Fuente: SemMéxico, San Cristóbal de las Casas, Chis., 

América Latina. Tecnología y moral reproductiva

Los efectos del desarrollo de tecnologías de reproducción asistida van más allá de que una pareja con “ausencia involuntaria de hijos” pueda tener descendencia biológica. La lógica enrevesada de la propia locución “con ausencia involuntaria de hijos”, al tratar de evitar el estigma al que términos más comunes como “infecundo”, “estéril” o aun “infértil” dan nombre, da cuenta de una complicada trama moral. “Infecundo” remite a un campo semántico religioso en el que la imposibilidad de tener hijos connota castigo divino; mientras que “estéril” refiere una carencia que estriba en una condición física irreversible. “Infértil”, por su parte, reduce la experiencia de la búsqueda infructuosa de filiación biológica a un diagnóstico médico o a una patología.

En el ámbito de la reproducción, las fronteras y relaciones entre naturaleza y cultura en ocasiones se desdibujan, se reconfiguran o se reafirman. Por un lado producen tanto la esperanza de que cualquier limitación biológica para la producción de nuevos seres humanos pueda ser superada por la ciencia y la medicina, como ansiedades sobre el exceso de manipulación de la sustancia reproductiva y los posibles usos a los que esto pueda dar lugar, como el ‘mejoramiento’ artificial de bebés. Pero por otro lado cabe preguntarse hasta qué punto las mismas anularían, servirían para el combate de, o permitirían reflexionar sobre tales estigmas.

En el ámbito del parentesco –una relación social que, para las promesas del individualismo moderno, sólo habría cumplido un papel ordenador de la vida cotidiana en las sociedades no industrializadas o precapitalistas– los cambios tampoco han sido menores. Como señala la antropóloga británica Sarah Franklin, las tecnologías de reproducción asistida introducen una nueva dimensión en el parentesco, al proveer nuevos parientes biológicos, como la madre gestacional, la donadora de óvulo, el donador de esperma, el gemelo de fecundación in vitro, entre otros; y relativizar o problematizar al mismo tiempo lo que entendemos por vínculo biológico y su relación con la sexualidad.

En el seno del feminismo, estas “nuevas” tecnologías reproductivas no han estado exentas de polémica. Las mismas son a veces acusadas de profundizar formas de dominación masculina, en tanto contribuirían a perpetuar el rol reproductivo de las mujeres. Bajo su imperio, el cuerpo femenino seguiría siendo el principal receptor de procedimientos, vigilancia e intervenciones médicas; sin mencionar los eventuales riesgos para la salud de las mujeres propios de cualquier procedimiento médico, de los cuales los varones permanecerían a salvo. No obstante, por otro lado se ha apuntado a la experiencia de sufrimiento en mujeres que desean pero cuya condición somática no les permitiría tener hijos. Esta perspectiva ve en las tecnologías de reproducción asistida no sólo una forma de mitigar dicho sufrimiento, sino también una posibilidad de conferir a esas mujeres agencia sobre sus cuerpos y mayor control sobre la reproducción.

Mariana Viera Cherro, antropóloga, doctoranda en Antropología de la Universidad de la República, Udelar, ha investigado acerca de las formas de poder y discursos que se movilizan en torno a las tecnologías de reproducción asistida en la región rioplatense (con trabajo de campo en la región metropolitana de Buenos Aires y en el Uruguay), a partir de las trayectorias de mujeres que se han sometido a dichos procedimientos y de médicos/as que se desempeñan en dicha área.

De la serie “Fundamentalismos”, que pretende ampliar las fronteras del debate sobre las fronteras entre ciencia, política y convicciones morales, en esta entrevista con el CLAM, la especialista en reproducción y biotecnologías habla sobre las complejas relaciones entre reproducción asistida, género y sexualidad. Destaca los efectos de la patologización de la infertilidad y la desigual distribución de las expectativas reproductivas en el acceso a dichos tratamientos por parte de parejas e individuos según su orientación sexual e identidad de género.

¿De qué modo ha impactado la reproducción asistida los órdenes de género, sexualidad y reproducción?

Como otras autoras que también han investigado en relación a estos y otros desarrollos tecnocientíficos, entiendo que la ciencia y la tecnología forman parte de un contexto social, cultural e histórico más amplio. Esto significa que dichos desarrollos cargan con los preceptos establecidos de forma hegemónica pero también pueden generar transformaciones con respecto a los mismos.

En lo que hace a la relación entre sexualidad y reproducción, si bien las tecnologías de reproducción asistida (TRA) materialmente rompen con la ligazón entre sexualidad y reproducción, porque pueden crear descendencia biológicamente vinculada para parejas o personas que no tengan sexo coital heterosexual, esta posibilidad material no tiene necesariamente un correlato directo en la cultura. En la dimensión simbólica, y en diálogo obviamente con las prácticas técnicas, hay lo que podríamos decir reafirmaciones y rupturas con los órdenes sociales y culturales establecidos.

Por un lado, hay una reafirmación de la heterosexualidad como norma para el caso, por ejemplo, de las parejas de lesbianas que desean tener descendencia biológicamente vinculada mediante TRA. Eso ocurre en Uruguay, no así en Argentina, porque en mi país se les hace pasar por lo que se denomina “protocolo de infertilidad”: es decir, por una serie de análisis y de tratamientos hormonales que responden a lo que es el tratamiento de la infertilidad entendida como enfermedad. Hay una homologación, como postulan Débora Diniz y Rosely Gomes Costa, de la infecundidad involuntaria con la infertilidad entendida como enfermedad y ello se traslada a parejas, como las parejas lesbianas, cuyo impedimento no obedece a una patología.

La reificación de la heterosexualidad como norma va asimismo de la mano de la idea de que para que haya reproducción sí o sí quien demanda ese hijo/a debe ser sexualmente activo/a. Esto fue un aspecto muy controvertido en los casos de mujeres que no habían tenido relaciones sexuales pero demandaban acceder a estas técnicas para tener descendencia; es el denominado “síndrome del nacimiento virgen” que ha investigado Marilyn Strathern (del cual yo no he escuchado antecedentes, por lo menos en lo que ha sido mi trabajo de campo en Uruguay y Buenos Aires). Su propia denominación, “síndrome”, ya habla del lugar que la sociedad le otorga al deseo de descendencia biológica de estas mujeres. Este deseo en personas que no han tenido relaciones sexuales coitales aparece como un deseo desviado de la normalidad. Resulta interesante pensar cómo se tramita este deseo para el caso de mujeres, varones o parejas que tampoco hayan tenido relaciones sexuales y que quieran adoptar. Al no estar presente en estas situaciones la idea de reproducción biológica, aunque sí de filiación, podríamos preguntarnos, ¿cómo se construye y responde a ese deseo de filiación por parte de una institución como la adopción cuando se trata de la creación de nuevas relaciones sociales que no pasan por la reproducción?

Otro asunto que surge del trabajo de campo, específicamente en Buenos Aires y que habla de las dificultades de ‘habilitar culturalmente’ –como diría Rayna Rapp–, estos procedimientos fuera de lo que son las estructuras génerico-sexuales más tradicionales, es la reticencia que reciben personas con identidades de género que no condicen con identidad sexual biológica, me refiero especialmente a las personas trans, para acceder a estos procedimientos. Que alguien con una identidad de género femenina aporte esperma para un procedimiento de inseminación a fin de tener una descendencia biológica es muy desestructurante de lo que son los arreglos genérico-sexuales vigentes. Desacomoda a quienes se encargan de intervenir en estos procedimientos manifestando de un modo explícito los factores sociales y culturales que acompañan el desarrollo e implementación de estas tecnologías y que tienden a ser invisibilizados.

Con respecto a esto último, es interesante como las TRA se visualizan como moral y éticamente neutrales. La decisión por uno u otro procedimiento, por ejemplo en lo que refiere a la donación de óvulos se define en virtud de consideraciones técnicas y no emergen los cuestionamientos morales. Para aclarar, por lo menos en Uruguay existen dos modos de procesar la donación de óvulos: la donación simple, que es cuando una mujer decide donar óvulos a cambio de una compensación económica por lucro cesante para alguien en tratamiento, y la donación en paralelo, que supone que una mujer que está en tratamiento reproductivo dona parte de sus óvulos a cambio de que quien recibe ese material reproductivo costee parte de su intervención. En el trabajo de campo que estoy realizando en la actualidad para mi tesis doctoral sobre gestión de la donación de material reproductivo en Uruguay, surgió en charla informal con una técnica del área las implicancias morales de uno y otro procedimiento y comenzó a evidenciarse que estas diferencias morales separan de forma tajante a lo que puede distinguirse como dos formas de gestionar la ovodonación en mi país. Pero ese es otro tema sobre el que estoy investigando en este momento.

En la actualidad, en países como Colombia cursan iniciativas legislativas que buscan garantizar a las parejas con diagnóstico de infertilidad el acceso gratuito a las técnicas de reproducción asistida. Para tal fin algunas personas abogan por el reconocimiento de la infertilidad como enfermedad, de modo que su tratamiento pueda ser cubierto por el sistema de salud. ¿Cómo evalúa la patologización de la infertilidad como estrategia para garantizar el acceso a las TRA? ¿De qué modo esto afecta las expectativas reproductivas de personas hetero y homosexuales?

En tanto la infertilidad está definida como una enfermedad, la expectativa obvia es que quienes pueden acceder a estos tratamientos sean las parejas heterosexuales con un diagnóstico de infertilidad. Sin embargo sabemos que el diagnóstico de infertilidad en sí mismo es un asunto controversial. Resulta obvio que una mujer no pueda gestar ante la ausencia de útero o que un varón no pueda tener descendencia si su semen no produce espermatozoides. Pero en muchos casos el diagnóstico es incierto y yo misma he entrevistado parejas que se han hecho un sinfín de tratamientos y que luego de abandonar ese trayecto logran conseguir el embarazo sin intervención tecnológica. Por lo cual podríamos decir que lo que hacen las TRA, y es lo que reafirmaba una médica que entrevisté en Uruguay, más que paliar una enfermedad, es “conseguir un bebé sano en casa”. En el marco de este objetivo, no resulta relevante si la pareja no desea tener relaciones sexuales coitales, como decíamos antes y como ocurre en algunas parejas que se intervienen, si hay que recurrir a uno o varios procedimientos, y tampoco si hay que utilizar gametos (óvulos y/o esperma) de terceros. Por supuesto que existen límites, tanto jurídicos (y por tanto socio culturales), como por ejemplo la nulidad de la subrogación de útero en Uruguay salvo excepciones, y los límites que puedan poner las parejas que recurren a los tratamientos reproductivos. Pero el punto es que la noción de infertilidad como enfermedad es en sí misma problemática. Aunque el deseo de filiación biológica, en parejas heterosexuales y que por tanto se ajustan a lo que la sociedad entiende como el deseo natural de descendencia, se construye como inobjetable.

Sobre el deseo de filiación en otro tipo de parejas (gays o lésbicas) o en mujeres sin pareja, resulta bien interesante lo que ocurre, por lo menos en Uruguay. Casi al mismo tiempo que se aprobaba la ley que regula el acceso a los tratamientos de reproducción asistida se aprobó también en Uruguay el matrimonio igualitario. Así es corriente que los técnicos y técnicas que trabajan en reproducción asistida señalen que, si el matrimonio entre parejas el mismo sexo está avalado por la ley, ¿por qué no habrían de intervenir para que las parejas de lesbianas tuvieran descendencia biológica? Es decir, una vez más las TRA se presentan como neutrales: si la sociedad lo permite, la tecnología no debería ir en contra de ello.

Sin embargo los varones en pareja homosexual no pueden recurrir a estas tecnologías porque la subrogación de útero con fines comerciales es un procedimiento nulo por ley y, si quisieran recurrir a una hermana, sobrina, prima, como vientre subrogante en donde la finalidad económica no está presente –que es la única situación habilitada por la ley–, no podrían porque debe haber una mujer de la pareja que aporte necesariamente el óvulo para la constitución del embrión que luego se gestará en el vientre subrogado.

Es decir que, aunque invisible, existe un orden moral que, a partir de argumentos con los que podemos o no estar de acuerdo, sigue reafirmando la reproducción para las mujeres, en pareja homosexual, heterosexual o sin pareja, y habilitándola solamente para algunos hombres, aquellos que componen una pareja heterosexual.

¿Cómo opera aquí el límite entre naturaleza y cultura?

La idea de naturaleza, aunque para nuestras sociedades occidentales parece desprenderse esencialmente de los aspectos biológicos, es una construcción. Es decir, y trayendo algún ejemplo del campo de la reproducción asistida, para las mujeres que gestan el embrión con el óvulo de otra mujer, la naturaleza del vínculo filial está justamente en el procedimiento de gestación, lo que yo he denominado “uterización del vínculo”. Para quienes el hijo/la hija deseado/a se gesta en un vientre subrogado pero con su óvulo, la naturaleza del vínculo filial pasa por el material reproductivo que porta la información genética, o ADN. Para quienes no aportan ni material genético ni un útero para gestar la futura descendencia, la naturaleza estará en el deseo de filiación biológica. No hay nada esencial en la naturaleza del vínculo filial.

Sin embargo, la apelación a “la naturaleza” como algo dado aparece una y otra vez, frente a diferentes circunstancias, como modo de justificar deseos, intervenciones técnicas, entre otros asuntos.

“Es natural” que una pareja heterosexual quiera tener descendencia biológica y sobre todo “es natural” que una mujer quiera ser madre y vivir el embarazo. La idea de la maternidad como algo biológico, instintivo, aparece una y otra vez y es el deseo –cuando hablo del deseo no me refiero a lo biológico sino a una construcción de sentido que por supuesto hace carne en las subjetividades–, lo que sostiene a muchas mujeres para quitarle el drama a las intervenciones por las cuales atraviesan o a vivirlas hasta con placer, como muchas me decían.

Es también la idea del deseo “natural” de maternidad lo que permite comprender a la sociedad la demanda de las mujeres en pareja con otras mujeres o sin pareja para tener descendencia biológica. Es la propia idea de qué entender por “lo biológico” y de cómo tramitarla cuando se utilizan materiales de terceros para el proyecto reproductivo de una mujer o pareja, la que se sostiene en una comprensión de la naturaleza ligada a la genética y la transmisión de información genética a partir de procedimientos “naturales”.

Cuando la tecnología interviene esa idea de naturaleza resulta contestada en algún sentido; será la propia tecnología (y las estructuras de sentido que la acompañan) la que restituirá esa “naturaleza” del mejor modo posible. En el caso de la utilización de semen u óvulos de donante, buscando similitudes fenotípicas. En otros contextos, pienso por ejemplo en los casos de utilización de material reproductivo en clínicas donde las parejas receptoras eligen los y las donantes, este ideal parece dar paso a una concepción más mercantilista de la descendencia, donde hay un producto a diseñar en vistas de su perfección. No digo con esto que se trate de dos modelos contrapuestos, porque también en Uruguay y en países con procedimientos similares se busca intervenir sobre la descendencia, por ejemplo, en lo que hace a no utilizar materiales genéticos de personas que podrían transmitir enfermedades hereditarias; lo que quiero es enfatizar el carácter másexplícito de un modelo frente al otro.

En el seno del feminismo las TRA (Tecnologías de Reproducción Asistida) han sido objeto de intensos debates.¿Podría hablar un poco sobre los dilemas que surgen en torno a las TRA y las formas de poder ancladas en el género?

El abordaje de la reproducción asistida desde una perspectiva crítica me resulta especialmente interesante justamente porque a quienes tenemos una postura feminista nos pone en un lugar incómodo. Cuando abordamos asuntos como el derecho a acceder a un aborto en condiciones dignas y seguras, nos parece obvio que las mujeres deben poder elegir ser madres y no que sea una imposición de una sociedad en la que priman las relaciones patriarcales. Con las TRA las respuestas son bastante más complejas y el ejemplo más claro han sido las posturas divergentes desde el feminismo frente a estos desarrollos y procedimientos.

Cuando se trata de mujeres homosexuales que pueden mediante TRA acceder a la parentalidad biológica nos parece genial, supone el acceso a los mismos derechos que las parejas heterosexuales, pero ¿por qué seguimos privilegiando la filiación biológica frente a otro tipo de vínculo filial, como puede ser el devenido de la adopción? Y, ¿qué sucede con los varones en pareja con otros varones? ¿Deberían poder acceder a los mismos derechos? El asunto es que dependen de un vientre y el altruismo en la subrogación de útero –y del altruismo en general con respecto a diversos procedimientos–. Resulta algo especialmente controversial. Sabemos que en países desarrollados, las mujeres que subrogan reciben grandes sumas de dinero a cambio de prestar su útero, mientras que las mujeres indias reciben apenas monedas, aunque en su contexto estas monedas, y sobre todo la posibilidad de contar con un buen descanso y adecuada alimentación durante el tiempo que dura la gestación es quizás la mejor paga. Por otra parte, ¿en beneficio de quién realizan dicha transacción?

Y con respecto a las mujeres heterosexuales, ¿las TRA les permiten materializar sus derechos reproductivos de forma cabal o las inducen a seguir reproduciendo, sin cuestionarse, el mandato maternal? ¿En qué medida las decisiones reproductivas son autónomas? También hay que pensar en qué contexto se demanda el acceso a las TRA. Naara Luna, por ejemplo, llama la atención acerca de cómo, en países como Argentina, la infertilidad surge como consecuencia de infecciones ginecológicas mal atendidas, en un contexto de acceso deficiente a la atención sanitaria.

También parece lógico preguntarse, por qué el estado no invierte más en tener mejores sistemas de adopción y cuidado de niños en situación de abandono. Pero sería tonto no reconocer también que el tener descendencia biológica no tiene el mismo estatus que tener descendencia mediante adopción. Y tampoco es difícil entender que una mujer desee pasar por el proceso de embarazo... tampoco sería difícil entender que no quisiera transitarlo. La respuesta se complejiza aún más cuando para acceder a mi derecho de reproducción biológica debo acceder a materiales biológicos de otras personas.

Fuente: Clam

agosto 24, 2016

Brasil: solo falta que el Senado confirme golpe contra Rousseff

La presidenta suspendida Dilma Rousseff, a la derecha, durante un encuentro con el Movimiento de Mujeres, en la residencia del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, el 17 de agosto, días antes de comenzar el juicio que se prevé que concluya con su destitución | Foto: Roberto Stuckert Filho PR

Solo un milagro podría salvar a la presidenta Dilma Rousseff de la destitución en el juicio político en el Senado de Brasil, que empieza el 25 de agosto y cuyo desenlace se prevé para seis días después.

Es la evaluación de Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, un crítico del proceso contra Rousseff, que considera “un golpe”, al igual que lo hacen los partidarios de la presidenta, suspendida de funciones desde el 12 de mayo.

“Un hecho consumado” es cómo ve la situación Antonio Augusto de Queiroz, director de Documentación del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, una organización que sigue las cuestiones legislativas para el movimiento sindical.

Sesenta de los 81 senadores aprobaron el enjuiciamiento de la presidenta el 9 de agosto, lo que anticipa que se alcanzará con creces la mayoría de dos tercios que la Constitución exige para inhabilitarla definitivamente.

Ese fue el último paso para abrir el juicio que pondrá fin al largo proceso destinado a sacar del poder a la primera mujer que alcanzó la presidencia de Brasil, al ganar los comicios de 2010 y resultar reelecta en 2014.

EN DICIEMBRE INICIÓ EL GOLPE

El procedimiento de “impeachment” (destitución) se abrió en diciembre, cuando el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, alejado del cargo por denuncias de corrupción y obstrucción a las investigaciones en su contra, acogió una de las 37 solicitudes efectuadas por personas e instituciones para inhabilitar a Rousseff.

El 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó, por 367 votos a 137, la continuidad del proceso, derivándolo al Senado que es la instancia juzgadora en estos casos.

La acusación es de delito de responsabilidad, un concepto genérico y difuso que permite destituir al jefe del Poder Ejecutivo cuando “atenta” contra “el libre ejercicio” de los demás poderes constitucionales, la seguridad interna del país, la probidad administrativa, la ley presupuestaria y otras legislaciones.

El Senado acogió el proceso por 55 votos contra 22, una decisión adoptada el 12 de mayo que determinó la suspensión de sus funciones de Rousseff y la designación del vicepresidente Michel Temer, como mandatario interino, hasta el fallo final de los senadores.

Todas esas decisiones de diputados y senadores fueron precedidas por resoluciones de comisiones especiales, aprobadas tras largos debates y trámites procesuales. El Senado tenía un plazo de 180 días para concluir el juicio, pero deberá hacerlo en 111 días.

“El golpe, la ruptura ya ocurrió, ahora se trata solo de confirmarlo en el Senado”, dijo Lattman-Weltman a IPS. “Es una mala salida para la crisis, porque disminuye las instituciones, rompe las reglas democráticas, el orden jurídico”, que requiere el voto popular para legitimar el poder, acotó.

Pero no piensa así una amplia mayoría de legisladores, que viene superando fácilmente los dos tercios constitucionales para proseguir con el proceso, y de la población, que desde 2015 se manifestó en multitudinarias protestas en contra del gobierno de Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país desde 2003, hasta mayo.

SECTOR PRIVADO, FACTOR EN CONTRA

“El principal error de la presidenta fue la falta de diálogo no solo con el parlamento, sino también con el mercado, con los empresarios”, analizó Queiroz.

“El origen de todo fue el modo de interferir en la economía, reduciendo el margen de utilidades del sector privado, sin un diálogo previo”, explicó. “Enfrentar el sistema financiero, como ella hizo, no perjudica la popularidad del gobernante, porque a nadie le gustan los banqueros, pero es distinto con el sector productivo”, observó.

“Con más diálogo se podría hacer lo que ella hizo sin tantos cuestionamientos, pero hubo se prefirió emplear la autoridad, en lugar de la legitimidad, y la política no perdona a quienes la menosprecian o la usan de forma inadecuada”, concluyó.

Rousseff decidió dar batalla, en sus probables últimos días de presidencia formal.

El 16 de agosto difundió un mensaje a los brasileños y al Senado, condenando el “golpe de Estado” que representaría su destitución y proponiendo un plebiscito para convocar nuevas elecciones presidenciales y un pacto de “Unidad Nacional”, como la fórmula para superar la crisis política.

Su carta abierta tuvo escasa repercusión. Unas elecciones presidenciales anticipadas no son viables, requerirían una enmienda constitucional y un tiempo que superaría el plazo existente, ya que en 2018 serán los comicios regulares, admitió el mismo presidente del PT, Rui Falcão.

25 DE AGOSTO, SU RESPUESTA

La presidenta suspendida también decidió concurrir al juicio, el 29 de agosto, para pronunciar un alegato de defensa y responder a las preguntas de los senadores y abogados de la acusación y la defensa. Antes pensaba solo leer su alegato y no someterse al interrogatorio, que podrá prolongarse por todo el día.

El juicio empezará antes, el 25, con las manifestaciones iniciales de los abogados y senadores, seguidas del testimonio de ocho testigos de defensa y dos de acusación, que podrían absorber los días 27 y 28.

La conclusión del proceso será el 30 de agosto con los argumentos finales de los abogados de la defensa y la acusación y de todos los senadores que quieran hablar, con un límite de diez minutos para cada uno. Por ello se prevé que la votación de los 81 senadores solo terminará en la madrugada del 31 de agosto.

La suerte ya está echada, solo se cumplirá los ritos formales del juicio, según Queiroz.

Aun así hay senadores que apuestan por un inesperado vuelco.

“Es difícil, pero no imposible”, según el senador socialista João Capiberibe, que defiende la salida de elecciones extraordinarias para retroceder, en la práctica, al sistema de “elecciones indirectas”, restringidas a colegios electorales legislativos, típicas de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.

Además de la falta de diálogo, “hubo errores en la conducción económica y una situación política incontrolable”, señaló Lattman-Weltman, como causas de la caída de Rousseff y del PT.

DESTITUCIÓN EN MANOS DE CORRUPTOS

El “factor fundamental fue la inseguridad generada por la operación Lava Jato (autolavado de vehículos)”, dijo el cientista político, en referencia al escándalo de corrupción promovido desde la empresa estatal Petrobras, que involucró a más de 200 empresarios, políticos, directivos de empresas y funcionarios del gobierno.

La corrupción fue, de hecho, el gran problema que a juicio de la población echó a perder gobiernos del PT, iniciados en 2003 por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva. Antes del actual escándalo, hubo otro en 2005, en que fueron condenados varios dirigentes del PT, acusados de comprar votos de parlamentarios.

La presidenta suspendida no está directamente acusada, pero como jefa de dos gobiernos del PT, se vio arrollada por la ira nacional contra la corrupción.

La ironía, y lo que ahonda la inconformidad de Rousseff y sus defensores, es que su destitución la va a decidir un Congreso Nacional poblado y dirigido por parlamentarios denunciados o ya reos por corrupción, cuyos juicios están a cargo del Supremo Tribunal Federal, una instancia donde los juicios duran mucho y las sentencias se demoran largo tiempo.

Por Mario Osava
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.

Señala publicación de la IM-Defensoras Defensoras de DH enfrentan mayor hostilidad que sus colegas masculinos


Imagen retomada del sitio im-defensoras.org

En todo el mundo las defensoras están pagando muy cara su labor de protección y promoción de los derechos de las demás personas, afirma Alda Facio, jurista y vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el prólogo de la publicación “Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de las defensoras de los Derechos Humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer”, la activista asegura que las mujeres que realizan esta labor pueden enfrentar mayor hostilidad que sus colegas masculinos.

Como lo ha expresado la Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, dice Facio, las mujeres que se dedican a esta labor están expuestas a la violencia porque desafían las normas culturales, religiosas o sociales acerca de la feminidad y el papel que desempeña la mujer en un determinado país o una determinada sociedad.

Las defensoras, explica la jurista, como la mayoría de las mujeres, vive en un mundo que las discrimina, subvalora, subordina y/u oprime, y que, además enfrentan con frecuencia todo tipo de violencias, amenazas, diferentes formas de acoso, difamación, limitaciones a su trabajo, criminalización y estigmatización.

Por ejemplo, las activistas son víctimas de agresión verbal dirigida exclusivamente contra la mujer a causa de su género hasta el acoso sexual y la violación, ésta última una forma de violencia que además puede provocar el embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual, como el VIH/Sida.

La publicación

Es por ello que la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), integrada por activistas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, en conjunto con ONU Mujeres, editó esta publicación donde analiza la resolución, aprobada por Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013.

En el texto se afirma que las activistas tienen el reto de conseguir que los Estados adopten medidas para concretar y aterrizar la resolución y con ello conseguir que los distintos países reconozcan este trabajo y, en caso de ser necesario, adopte medidas de protección que aborden las necesidades y realidades de las defensoras.

Por el momento, la sociedad civil continúa colaborando con diferentes actores, incluyendo el nuevo Relator Especial sobre la situación de los defensores, Michel Forst, para transformar esta resolución en compromisos políticos concretos hacia las defensoras.

Por Cimacnoticias | Ciudad de México.

agosto 23, 2016

Junta el viernes 26 por Machi Francisca Linconao

¿ANTIRRACISTA? ESTE VIERNES 26 ALAMEDA/AHUMADA A LAS 19 HRS LA RED DE APOYO A LA MACHI FRANCISCA LINCONAO SE VUELVE A JUNTAR. ESTA VEZ SERÁ LA MÚSICA LA INVITADA PRINCIPAL. LES ESPERAMOS Y CONTAMOS CON SU DIFUSIÓN.

EL ESTADO PERPETRA UN FEMICIDIO Y SERNAM NO DICE NADA. 

La Red de Apoyo Lesbofeminista de Santiago insiste en la libertad de la Machi Francisca Linconao y se pregunta ¿qué ocurre con SERNAM? La salud de Francisca Linconao Huircapán se encuentra fuertemente deteriorada, sin embargo no ha existido ninguna intervención de este organismo al respecto. En Temuco, sin ir más lejos, el compromiso de la autoridad de ir a visitar a la Machi aún no se concreta y a nivel nacional no existe un pronunciamiento oficial.

En su Misión el SERNAM se plantea "Promover en la sociedad la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres en toda su diversidad y la implementación de políticas, planes y programas que transversalicen la equidad de género en el Estado". Entonces cabe preguntarse ¿en qué mujeres está pensando SERNAM cuando habla de mujeres? ¿A qué diversidad se refiere SERNAM cuando habla de diversidad? Su silencio respecto de la Machi revela que la raza de una mujer, que el color de su piel no es algo que le importe.

Entendemos que esta instancia es un organismo estatal y que sus lógicas por lo tanto obedecen a sus mandatos. No obstante hay cuestiones que son ética y políticamente impresentables. No puede ser –enfatizamos- que con todas las particularidades comprometidas en este caso, una instancia que defiende los "derechos de la mujer" ni siquiera manifieste su preocupación por las condiciones en la que se encuentra esta autoridad ancestral.

Nuestra reflexión es mucho más profunda, sin embargo, pese a que entendemos –como ha sido dicho- que esta instancia reproduce las claves de poder, no ocultamos la molestia que nos causa su silencio frente al femicidio que el Estado perpetra en contra de la Machi Francisca Linconao. Esto deja claro que hay cuerpos que el Estado chileno no quiere ver y que por lo tanto: hay cuerpos de mujeres que al SERNAM no le importan. ¿Alguien puede decir que esto no es impresentable?

Pues bien, si el SERNAM está para defender y proteger los derechos de las mujeres, nosotras esperamos que esta denuncia que hacemos las lesbofeministas sobre su racismo, favorezca al menos dos cuestiones: 

Primera: Que SERNAM se pronuncie y demande la libertad de la Machi Francisca Linconao, pues a todas luces la autoridad ancestral es inocente y víctima de la violencia que históricamente ha perpetrado el poder en nombre del Estado/Nación. 

Segunda: Que se encargue de que la autoridad ancestral reciba la atención médica que su delicada salud requiere.

Para que nuestra molestia se escuche más fuerte, invitamos a una junta este viernes 26 de agosto en Alameda/Ahumada a las 19 hrs.


Red de Apoyo Lesbofeminista a la Machi Francisca Linconao Santiago